Progresión del sistema constitucional : Nuevos derechos fundamentales y garantías

El constitucionalismo español presenta en la actualidad una exposición desproporcionada a la politización con el riesgo de socavamiento de la dimensión normativa intrínseca al Estado de Derecho. La debilitación de la democracia y el declive de su calidad como consecuencia de la desinformación, los relatos y propaganda política, el control de la ciudadanía mediante las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, plantean la ineficacia de los mecanismos de blindaje previstos en la Constitución.Paralelamente, el reconocimiento jurisprudencial de la autodeterminación en el marco de los derechos fundamentales posibilita la admisión de garantías atípicas desde una perspectiva constitucional y la posible aplicación de mecanismos alternativos basados en la autonomía privada. La vertiente de orden público de los derechos fundamentales ha experimentado un retroceso a través de la libertad dispositiva y renunciabilidad, justificando la construcción de un derecho fundamental a tutela extrajudicial "efectiva" a raíz

de las últimas reformas legales.La revolución digital implica un desafío constitucional ante el ataque masivo de derecho fundamentales evidenciando la desadaptación de las garantías constitucionales por su alcance estrictamente individual.Las cláusulas abusivas de derechos fundamentales exigen la viabilidad de un recurso de amparo colectivo por la implicación de múltiples titulares, la unificación de la doctrina constitucional para evitar un trato desigual entre los mismos, así como replantear el presupuesto inexcusable de la especial transcendencia constitucional respecto a la contratación en masa.En este estudio se desarrolla además la extensión del mapa de los derechos fundamentales originarios y derivados mediante la protección constitucional de las molestias, la eutanasia, el medio ambiente o las nuevas tecnologías. Por último, la investigación se centra en el fenómeno actual de la apariencia (fake ius) como alter ego de la realidad constitucional en base a la competencia desleal practicada mediante

relatos políticos, simulacros, ficciones, vías de hecho, actos no consumados o declaraciones virtuales desde los poderes públicos, bajo el riesgo de eludir los controles existentes de constitucionalidad. [Texto de la editorial]